Castilla
y León celebra su día frente al olvido y
la marginación del Gobierno de Zapatero
La
Comunidad, unida frente a la política hostil del Gobierno
en temas como la paralización de infraestructuras o
el expolio del Archivo
Castilla y León celebra
sus más de 20 años de autonomía en su
día grande, en medio de un ambiente de reivindicación
y de sentimiento de orgullo frente al maltrato y al desprecio
del Gobierno de Zapatero.
Muchos ciudadanos de esta Comunidad sienten vergüenza
por un presidente leonés que, lejos de favorecer los
intereses de Castilla y León, ha protagonizado numerosas
agresiones y menosprecios hacia la tierra que le vio nacer.
Valgan como ejemplo el expolio del Archivo de Salamanca
o la paralización de infraestructuras, aún
necesarias en esta Comunidad, a pesar de los esfuerzos
inversores del Gobierno de Aznar.
El ambiente con el que Castilla y León afronta su fiesta
del 23 de abril en honor a los Comuneros no puede estar más
caldeado. Sin embargo, el sentimiento de conciencia
regional está más reforzado que nunca,
con una gran mayoría de ciudadanos unidos frente al
agresor.
La mayor región de Europa, referente y aglutinadora
de la unidad nacional, es sin embargo, una de las
que cuenta con una menor conciencia regional, precisamente
por esta identificación y este amor hacia España
como un conjunto unitario.
El presidente Juan Vicente Herrera ha llamado a los ciudadanos
a «trabajar orgullosos» por Castilla y
León para reforzar la conciencia regional,
en una fiesta para celebrar que los castellanos y leoneses
pueden ir por el mundo con la cabeza bien alta.
Pitorreo de
Jesús Caldera: "Es una buena decisión"
y de Carmen Calvo: "Es una solución armoniosa"
PACOTACO te
ofrece unos bonitos carteles para exhibirlos en la próxima
manifestación en pro del Archivo
(pincha para ampliar)
El gobierno ZP ha anunciado que ordenará
el traslado de los documentos del Archivo de Salamanca. Como
era de prever, y así ya
lo denunciamos desde esta misma tribuna, el PSOE
se escuda en el dictamen de la comisión amañada
para justificar su decisión.
Para la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, dividir un archivo
histórico es una decisión “armoniosa”
, en la que no existe “ningún animo de
enfrentamiento entre poblaciones”, pese a que
se quita a una ciudad castellana, Salamanca, para dar a Cataluña.
(...)
El vicepresidente del PSOE de Castilla-León y secretario
general del partido en Salamanca, Emilio Melero, ha
recomendado a los salmantinos que se olviden del Archivo y
trabajen por el Museo de la Memoria Recuperada. Ya
saben, esa memoria que desentierra a unas victimas y echa
paletadas de olvido sobre otras, según su credo ideológico.
Este “esquirol” salmantino se ha atrevido a acusar
al Presidente de Castilla-León, Vicente Herrera de
tener “poca categoría intelectual”
por denominar “pesebreros” a los miembros del
comité amañado.
A lo mejor algo de razón
tiene, y los españoles, en especial los castellanos,
tenemos algo de tontos, tontos por permitir que algunos se
pasen tanto de listos.
Los castellanos y leoneses, avergonzados
de este presidente que no defiende los intereses de su tierra
Mientras se consuma el expolio del
Archivo, el salmantino Caldera dedica su tiempo a hacer paginitas
Ambos deberían ser declarados
"personas non gratas" por el Ayuntamiento de Salamanca
y la Junta de CyL
Previsible. Muy poco informado
había que estar para no haber visto venir la siguiente
jugada del Gobierno Zapatero, cuya entrega al nacionalismo
catalán parece no tener límite. La polémica
del Archivo General de la Guerra Civil, o papeles de Salamanca
-tal y como es conocido en la jerga de los historiadores-
lleva lo menos quince años coleando y parece que nunca
termina de morir. La querella consiste en la titularidad de
una cantidad determinada de legajos históricos, todos
de la Guerra Civil, que la Generalidad considera suyos y que,
con lógica cartesiana, los responsables del Archivo
consideran que forman parte del patrimonio histórico
de todos los españoles.
El hecho es que el Archivo de Salamanca es relativamente reciente.
Se constituyó como tal en 1977 y se le dio carácter
de Archivo General hace muy poco tiempo, en 1999. No alberga
como muchos piensan todo lo relativo a la Guerra Civil sino
la documentación referente a partidos políticos,
sindicatos y ayuntamientos. Otros legajos de la guerra están
repartidos por toda España, de este modo, en el Archivo
de Ávila se encuentran los datos de las unidades del
ejército republicano, o en el de Guadalajara se custodia
la documentación relativa a los campos de trabajo franquistas.
La organización de estos archivos cumple criterios
funcionales y está pensada para servir a los estudiosos
e historiadores. El de Salamanca, por ejemplo, durante el
año 2003 atendió a más de mil investigadores
llegados de toda España.
El problema es que el verdadero terreno de la disputa no es
técnico sino político. Los mandatarios de la
Generalidad desde tiempos de Pujol y los republicanos de Esquerra
hablan un idioma diferente que el de la mayoría de
profesionales de la Historia. Los nacionalistas consideran
que el material archivado en Salamanca es fruto de un expolio,
el que las tropas de Franco perpetraron en Barcelona al término
de la Guerra Civil. Con este argumento vienen galvanizando
a la sociedad catalana desde hace varios lustros y juegan
a lo que mejor se les da, a ser víctimas irredentas
de un imperialismo español que sólo existe en
sus sueños más febriles. Según la peculiar
interpretación nacionalista, la contienda fratricida
que desangró la Nación hace setenta años,
no fue tal sino una invasión en toda regla que sojuzgó
a los catalanes y tomó esos papeles como botín
de guerra. Simplemente delirante
Cabalgando sobre la renovada influencia que les ha dado la
victoria de Zapatero, una de las citas a la que no podían
faltar era la que tenían pendiente con el archivo salmantino.
La comisión de “expertos” nombrada el mes
pasado por el ministerio de Cultura es una burla al sentido
común. La mayoría son militantes activos a favor
de la vuelta de los legajos a Cataluña y el mismo gobierno
de Maragall bendijo expresamente la feliz idea de Carmen Calvo.
El informe que hicieron público ayer estaba cantado,
en cierto modo su postura no ha sorprendido a nadie. Los “sabios”
designados por la ministra creen más “justo”
que esos documentos vuelvan a Barcelona. Siguiendo este guión
de “justicia archivística” casi cada autonomía
o partido político podría pedir ahora que le
restituyesen el material de la guerra por lo que, irremediablemente,
el archivo desaparecería.
Stanley G. Payne afirmó sorprendido cuando le contaron
el jaleo del Archivo de Salamanca que le parecía “extraño
que documentos históricos puedan pertenecer a ciertas
entidades políticas”. Iba cargado de razón.
Los archivos pertenecen a la Nación y a nadie más,
ni al gobierno catalán, ni al central, son patrimonio
de todos y su objeto es permanecer bien atendidos y conservados
para que los historiadores puedan estudiarlos. Si se abriese
la caja de los truenos no quedaría un solo archivo
histórico en pie en toda España, cada ciudad,
cada pueblo, cada comunidad exigiría su “parte”
utilizando el mismo argumento que los “sabios”
de Carmen Calvo. El Archivo General de la Guerra Civil está
bien donde está, Salamanca lo ha acogido desde hace
muchos años y se encuentra en continua expansión.
Un equipo de treinta profesionales lo atiende y mantiene en
estado óptimo para que cualquiera desde cualquier parte
pueda investigar sobre ese periodo de nuestra Historia que
por ser el más negro debería merecer más
respeto.
Editorial de LIBERTAD DIGITAL, 24 de diciembre de 2004
El
Alcalde de Salamanca y el PP de Castilla y León, firmes
en la defensa del Archivo
El Alcalde Julián
Lanzarote advierte que se defenderá incluso "físicamente"
la integridad del Archivo
de la Guerra Civil en caso de que se intente su traslado a
Cataluña
El 14 de diciembre de 2003 se
selló un pacto de Gobierno tripartito en Cataluña,
ahí comenzó la nueva aventura del Archivo Nacional
de la Guerra Civil de Salamanca. Hasta ese momento
el problema estaba cerrado con un Real Decreto de
12 de marzo de 1999 a propuesta del Ministerio de Educación
y Cultura en el que se establecía un Patronato como
órgano rector.
Los acuerdos entre el PSOE y los separatistas en Cataluña
han pasado, tal y como se puede comprobar en el documento
de formación del tripartito, por la exigencia
del "retorno" de los papeles a Cataluña.
Los salmantinos, con su Alcalde Julián Lanzarote
al frente, se oponen a la división del Archivo. El
Alcalde de Salamanca tiene muy claro
que el vaivén político de socialistas y separatistas
es un atropello a los ciudadanos de Salamanca.
El Alcalde ha llegado a decir que se defenderá
"de un modo físico" la integridad del Archivo
de la Guerra Civil en caso de que se intente su traslado a
Cataluña.